En la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima, con el objetivo de contener el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2°C respecto de los niveles existentes antes de la revolución industrial, y realizar esfuerzos para limitarlo a 1,5°C. La UE ratificó el Acuerdo en octubre de 2016 y España lo hizo en 2017. Con este hito, la Comunidad Internacional asumía que el ser humano había provocado un daño irreversible en la atmosfera terrestre y que el tiempo para evitar una debacle planetaria era muy limitado.
El 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que provocan el cambio climático, proviene de la producción de energía, por lo que era y es urgente impulsar nuevas políticas energéticas que nos permitan realizar la transición del modelo de generación fósil al modelo de generación eléctrico-renovable. En España, tan solo el 18% de los consumos energéticos que realizamos provienen de fuentes renovables, mientras que el grueso de nuestra demanda de energía sigue “cautiva” de la generación de origen fósil: derivados del petróleo y gas, básicamente.
Como es sabido, las renovables producen, fundamentalmente, electricidad; mientras que los combustibles fósiles ofrecen, principalmente, energía térmica, como la producida por calderas de gas o motores de combustión; aunque también generan energía eléctrica para el sistema general de suministro, a través de las centrales de ciclo combinado de gas, que aportan un 22% (2019) de la energía eléctrica que consumimos. Por lo tanto, el porcentaje final de renovables en el consumo energético total que hacemos los españoles nos viene y nos vendrá limitado por el grado de electrificación de nuestros requerimientos energéticos particulares, profesionales e industriales.
En la actualidad, tan solo un 27% de nuestros consumos totales de energía provienen del sistema eléctrico, el resto de nuestras necesidades energéticas las tenemos que satisfacer a través de recursos de origen fósil, extremadamente contaminantes e importados del exterior. Del suministro eléctrico, una parte variable es de origen renovable, mientras que el resto proviene de centrales nucleares o de gas. De tal manera que, en el utópico caso de que toda la energía eléctrica que consumiéramos fuera 100% renovable, podríamos aspirar, en el mejor de los casos a un 27% de penetración de fuentes renovables en los consumos finales de energía.
La realidad es que tan solo un 36,8% de la energía eléctrica que consumimos en 2019 fue de origen renovable (Datos de REE) y que la demanda de energía eléctrica en España durante ese ejercicio fue un 1,5 % inferior a la del 2018, un descenso que será aún más acusado en 2020.
Así pues, una mayor penetración de energías renovables en el sistema eléctrico, por grande que pudiera ser, no garantizará por sí sola que se puedan alcanzar los objetivos de descarbonización del Acuerdo de París.
Por lo tanto, es preciso articular mecanismos de control de la nueva potencia de generación que se incorpora en cada ejercicio al sistema eléctrico –en cualquiera de sus modalidades tecnológicas y de propiedad– junto con un impulso decidido y urgente para trasladar los consumos de energía fósil a energía eléctrica, a través de la sensibilización ciudadana, pero, fundamentalmente, articulando políticas de impulso –especialmente en movilidad y transporte, que agrupan el 42% del consumo de energía final– y una fiscalidad verde, que compense las externalidades negativas de las emisiones contaminantes y desincentive unos usos en favor de otros, de tal forma que también contribuya la generación fósil a soportar el gran esfuerzo inversor que ha requerido el cambio de modelo energético.
