Un paque eólico (o fotovoltaico, o termosolar, o la combinación de todos ellos) de cien megavatios, cada semana, durante los próximos treinta meses. El objetivo gubernamental es en realidad trienal (2020-22), pero el primer semestre del corriente ya es agua pasada y del 20 ya solo quedan los seis meses que vienen (semestre segundo incierto que comienza además a la sombra del fantasma del Covid). Sea como fuere, el Ejecutivo publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado un RDL (23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica) que pone negro sobre blanco cierto guarismo: 12.000. "En el periodo 2020-2022 el parque renovable deberá aumentar en aproximadamente 12.000 MW". Y eso significa que España va a tener que ponerse a cien, en estos 30 meses, si quiere cumplir con lo recién suscrito. Porque la cuenta está muy clara: para redondear esos 12.000 en el horizonte dicho, hay que instalar una media de cien a la semana.
Una cosa tienen clara todos los actores del sector: la clave de esos cien megas-semana (la clave del horizonte 12.000) la tienen las subastas, que efectivamente aparecen recogidas en el RDL 23 de marras. ¿Problema? Pues, según la Fundación Renovables, que la nueva norma "deja en el aire varios puntos clave de cómo se llevarán a cabo [esas subastas]". El Gobierno ha anunciado que subastará "la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas". Y ha anunciado que "la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía". O sea, que si un promotor ofrece producir un megavatio hora a 10 euros y otro a 12 euros, gana la subasta el que va a la baja. Gana él (el productor), y gana el consumidor final, que seguramente podrá comprar por consiguiente la electricidad más barata que si ese número de principio hubiese sido más elevado.
