Unidas Podemos, que presentó en 2018 una proposición de ley para que las concesiones caducadas pasaran a ser de titularidad pública, considera que "es un tema pendiente". La estrategia a 2030 que impulsa el vicepresidente primero Pablo Iglesias desde el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aboga por la reforma del mercado mayorista eléctrico para acabar con la "sobrerretribución" de hidroeléctricas y nucleares. La Administración no contempla la reversión de explotaciones hidráulicas al Estado, sino la adjudicación en concurso de las concesiones extinguidas.
El Observatorio de la Sostenibilidad concluyó en el informe Recuperación de las concesiones hidroeléctricas en España que entre 2018 y hasta el año 2030 caduca el 8% de las concesiones totales, medidas en volumen de agua. Por su parte, el antiguo Ministerio de Medio Ambiente manejó la cifra de 230 explotaciones con concesión caducada en los próximos 20 años teniendo en cuenta los cambios legislativos registrados para modificar normas que, en algunos casos, se remontan a los años 20 del pasado siglo.
Con la Estrategia 2030, resucita la polémica de los llamados "beneficios caídos del cielo" (windfall profits) de las eléctricas; ingresos extras de centrales nucleares e hidroeléctricas que las compañías niegan. El informe sobre transición energética que elaboraron los expertos reunidos por el PSOE antes de llegar al Gobierno puso números al debate. Detalló que "en España el parque histórico de generación (nucleares e hidroeléctricas), ha sido sobre-retribuido por un importe que, dependiendo de los precios del mercado cada año, ha variado entre los 1.000M€ y los 3.000M€/anuales"
Lo cierto es que entre 1950 y la década de los 70, las empresas eléctricas cobraron compensaciones por encima de los costes registrados según facturas, dentro del sistema denominado OFILE –Oficina Liquidadora de la Energía Eléctrica-; posteriormente, cobraron también parte de los denominados Costes de Transición a la Competencia (CTC). Y las empresas obtuvieron además, un trato favorable en 2000 para extender la vida útil de las concesiones obtenidas en el franquismo. Mediante el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (Rd 606/2003), las empresas que modificaron la altura o el caudal en las presas para contener más agua lograron ampliar automáticamente el límite temporal de las concesiones.
