(1) denuncian el bloqueo que mantiene el Gobierno "en muchas de las actividades que la regulación europea les reconoce" (el Ejecutivo no ha traspuesto aún dos directivas relacionadas con las CEs que abren la puerta a esas actividades);
(2) piden ser declaradas "de interés público" para así poder facilitar su tramitación, tal y como recogen esas directivas; y
(3) reclaman "un marco objetivo, transparente y favorable que garantice el derecho de poseer, establecer, adquirir o arrendar redes de distribución y gestionarlas autónomamente en su zona de operaciones".
Con las comunidades energéticas, por primera vez en el marco de la larga cadena de la energía, los ciudadanos tienen la oportunidad de participar en ella por decisión propia soberanamente y al margen de las grandes empresas que conforman el sector energético. Si el mercado energético concentra el poder en pocas manos, la normativa en torno a las comunidades energéticas debe dar ventajas y proteger a aquellos que permiten la participación de nuevos actores.
