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El dilema eléctrico que España aún no quiere formular
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Durante años, los centros de datos fueron infraestructuras discretas, casi invisibles. Naves industriales sin ventanas donde “vivía” internet. Hoy se han convertido en piezas estratégicas de la economía digital: inteligencia artificial, nube, supercomputación.
Y también en grandes consumidores eléctricos.
Un campus de 300 megavatios puede consumir lo mismo que una ciudad de tamaño medio. Tres gigavatios funcionando de forma casi continua equivalen a más de 26 teravatios hora al año. En una región como Aragón, eso podría superar con creces su demanda eléctrica actual.
La pregunta ya no es tecnológica. Es eléctrica.
El precedente irlandés: cuando el crecimiento tensiona el sistema
En Irlanda, el auge fue rápido y concentrado, especialmente en el área de Dublín. Los grandes hyperscalers encontraron conectividad, estabilidad regulatoria y un entorno fiscal atractivo. El resultado fue una concentración extraordinaria de infraestructura digital en pocos años.
Con el tiempo, los centros de datos llegaron a representar en torno al 20% del consumo eléctrico nacional. Pero el problema no fue solo el volumen anual de energía. Fue la potencia simultánea.
La red comenzó a tensionarse. El operador eléctrico advirtió riesgos para la seguridad de suministro y aumentó la dependencia de generación térmica de respaldo para garantizar estabilidad. La cuestión dejó de ser sectorial y pasó a ser sistémica.
La respuesta fue clara: las nuevas conexiones no serían automáticas. Evaluación caso por caso, restricciones geográficas y mayores exigencias técnicas. Irlanda no expulsó la industria, pero dejó de tratarla como una demanda ordinaria.
El acceso a red pasó a ser una decisión estratégica.
España: un sistema mayor, pero no inmune
España parte de una posición diferente. Su sistema eléctrico es más grande y más diversificado que el irlandés, con mayor peso de renovables y mayor extensión territorial. A escala nacional, varios gigavatios adicionales no suponen, por ahora, un riesgo inmediato de colapso.
Pero el riesgo no es nacional. Es territorial.
La concentración de proyectos en Aragón y Madrid plantea una cuestión técnica clave: si una nueva demanda obliga a reforzar subestaciones, construir líneas de transporte y garantizar potencia firme adicional, ¿quién debe asumir ese coste?
Un centro de datos no es una carga flexible ni estacional. Opera prácticamente 24 horas al día, con factores de utilización del 60-80%. Desde el punto de vista del sistema eléctrico, se comporta como una gran industria electrointensiva permanente.
Cuando esa demanda induce inversiones estructurales en la red, la pregunta económica es inevitable.
¿Inversión o señal de coste?
En sistemas eléctricos regulados, la eficiencia depende de que los agentes reciban señales de coste adecuadas.
Si los refuerzos de red necesarios para atender nuevos centros de datos se socializan vía peajes generales, el coste se distribuye entre todos los consumidores. Si se exige cofinanciación proporcional, el promotor internaliza parte del impacto que genera.
No se trata de penalizar la inversión, sino de evitar distorsiones.
Sin esa señal, pueden producirse varios efectos:
Subsidio implícito cruzado.
Acaparamiento especulativo de puntos de conexión.
Localización ineficiente de proyectos.
Saturación prematura de nudos eléctricos estratégicos.
El precedente irlandés sugiere que cuando el crecimiento se deja avanzar sin ajustes regulatorios, la corrección llega después, pero en condiciones más tensas.
El falso dilema
A menudo el debate se formula como una elección binaria: endurecer condiciones espantará capital; relajarlas atraerá inversión.
Pero la experiencia comparada indica algo más matizado. Los grandes operadores priorizan estabilidad regulatoria, seguridad de suministro y previsibilidad a largo plazo. Un sistema eléctrico robusto es, en sí mismo, un activo competitivo.
España no necesita competir por la vía de la laxitud. Su ventaja está en su base renovable, su posición estratégica y su tamaño de mercado.
La cuestión es si quiere anticiparse o reaccionar.
Una decisión estratégica antes de que sea urgente
España compite por atraer la nueva industria digital. Pero cada industria tiene su infraestructura crítica. En el siglo XX fueron el ferrocarril y la red eléctrica; en el XXI son también los datos.
Si un centro de datos exige nuevas subestaciones, líneas y potencia firme adicional, ¿debe financiarse como una autopista pública o como una infraestructura inducida por una demanda privada?
Irlanda esperó a que el problema fuera visible en las estadísticas de consumo para endurecer reglas. España aún está en fase de anuncios y proyecciones.
Eso le da una ventaja: puede decidir antes de que la presión sea sistémica.
Porque cuando los datos consumen como ciudades, la red deja de ser un detalle técnico y se convierte en una cuestión de equidad, planificación y diseño económico del sistema.
