Anpier considera que más allá de un conflicto de competencia existe una lucha de intereses por el control de la generación de la energía, puesto que, derribadas las barreras tecnológicas que impedían al pueblo producir su energía, se levantan ahora restricciones normativas que bloquean esa posibilidad, negando a Murcia y al resto de España bienestar y ventajas competitivas.
Desgraciadamente, los actores del "viejo modelo" se niegan a compartir lo que parece que consideran un mercado exclusivo y ralentizan la transición renovable y el autoconsumo.
Son las Administraciones las que deben asumir la responsabilidad de definir el nuevo marco energético, obviando la presión de los monopolios y procurando el beneficio de los ciudadanos, que ahora tienen la posibilidad, y deberían tener también el derecho, de producir energía.
