El impuesto al sol es una tasa que el hoy exministro de Industria José Manuel Soria –y su mano derecha, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal– se inventaron en octubre de 2015 para gravar los kilovatios hora que produzco en el tejado de mi casa, recorren el cableado de mi hogar y consumo en el frigorífico de mi cocina, es decir, kilovatios hora (kWh) que no llegan jamás a la red. Soria y Nadal justificaron su impuesto al grito de “no sean ustedes insolidarios con los demás consumidores de electricidad, no quieran ustedes ahorrarse los costes del sistema”. El argumento que emplearon el ministro Soria y su secretario Nadal fue el siguiente: si cada kilovatio hora que un consumidor le compra a la red lleva asociados unos impuestos que sirven para el mantenimiento del sistema todo y un autoconsumidor se ahorra unos kWh (que ya no tiene que sacar de la red porque los genera en casa), pues al final lo que el autoconsumidor se ahorra lo tendrán que pagar entre los demás consumidores.
O sea, que lo que el ministro está diciendo es que no compre usted una lavadora clase A.
No, no la compre. Porque resulta que esas lavadoras ahorran un montón, ¿sabe usted? Y, claro, como cada kWh lleva unos impuestos asociados, pues todo kilovatio hora que no consuma usted en un lavado a partir de ahora –su ahorro, pues– va a acabar perjudicando a los demás consumidores… La pregunta es: ¿qué hacemos, pues? ¿Dejamos de comprar electrodomésticos clase A y si hace falta seguir gastando un poquito más… pues se gasta? Lógicamente, frente a ese impuesto –que el Ejecutivo Rajoy ha incluido en el Real Decreto que regula las “condiciones administrativas, técnicas y económicas” del autoconsumo (aprobado en octubre de 2015)– se han ido posicionando todos los actores de la sociedad española: los sindicatos y la patronal, las organizaciones ecologistas, las asociaciones de consumidores, los intelectuales del sector (think tanks) y, por fin, todos los partidos del arco parlamentario (todos menos el Partido Popular de Rajoy, la "yihad" y los Nadal).
En realidad, el pretexto económico tampoco parece sólido.
Según el director técnico de la Unión Española Fotovoltaica, José Donoso, “por cada cien megavatios [100 MW] de autoconsumo instalados, el sistema eléctrico podría dejar de ingresar unos 3 millones de euros [M€]. Si estamos proponiendo la instalación de unos 400 MW al año –decía Donoso hace unas semanas–, el sistema perdería unos 10–12 M€, cuando factura 17.000”. La cifra resulta pues ridícula.
La Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) ha destinado 11 M€ cada año, a lo largo del último decenio, a subvencionar (con dinero público y a fondo perdido) la renovación de ventanas, ascensores, electrodomésticos, bombillas, etcétera, etcétera (planes Renove para modernizar y… ahorrar). Y, en efecto, todo ello ha supuesto, según la propia CAM, que lleva más de diez años gobernada por el PP, un ahorro equivalente a 200.000 toneladas de petróleo.
