El ETC es un tratado multilateral firmado por 53 países y en vigor desde 1998, cuya modernización se negocia desde hace cuatro años y, tras una última ronda celebrada en julio en Bruselas, quedó en un estatus en que el tratado se actualizaría automáticamente en noviembre si no se oponía formalmente ninguna de las partes.
La protección que ofrece ese tratado se había utilizado en los últimos años para litigar contra los firmantes por políticas climáticas diseñadas para ir eliminando los combustibles fósiles.
Varios Estados miembros de la Unión Europea (UE), como España, Países Bajos o Luxemburgo, habían solicitado que la UE abandonara ese marco jurídico, al igual que varias organizaciones ecologistas.
La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, había pedido en el pasado “una salida coordinada del ETC” por parte de la UE y sus Estados miembros de ese marco jurídico, y finalmente ha decidido dar el paso, al igual que hizo Polonia la pasada semana.
La retirada de España del tratado ha sido acogida de buen grado por organizaciones ecologistas como la Red de Acción Climática (CAN), que calificó la decisión de España y Polonia como “valiente” y llamó a otros países de la UE a seguir sus pasos.
“Lo peligroso es seguir dentro. Con la crisis climática y de combustibles fósiles que vivimos, no podemos permitir que los países malgasten dinero público en compensar a empresas de combustibles fósiles por emprender políticas que ayudan a frenar las emisiones”, declaró a Efe la experta en Políticas de Comercio de CAN Europa Cornelia Maarfield.
