Los fondos corresponden a la tercera ampliación del presupuesto de estas ayudas, dotada con 500 millones, con cargo a la segunda fase del Plan de Recuperación, la conocida como adenda, que la Comisión Europea aprobó a principios de octubre. Además, hay otros 20 millones de remanente de otras convocatorias que no se han agotado.
Según fuentes del sector, de esos 500 millones extra quedan sin asignar más de 300 millones. Se trata de dinero reservado a comunidades autónomas gobernadas por el PP que no los han pedido.
Las encabezan Madrid y Andalucía, a las que les tocaban unos 80 millones para cada una. Les siguen Galicia, Castilla y León, Canarias, Aragón, Región de Murcia, Illes Balears, Extremadura, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Cantabria y Comunitat Valenciana, también con gobiernos del PP, sí han pedido fondos de esta partida extra.
Estos 500 millones de fondos extra, con los que se contaba desde hace ya muchos meses, se aprobaron el pasado 23 de noviembre, tras una reunión técnica con las comunidades autónomas celebrada el 24 de octubre a la que asistieron los directores generales de Energía de las regiones.
El bloqueo se produce en un contexto complejo para el autoconsumo. Tras el boom de 2022, la instalación en el segmento doméstico está cayendo en picado por la bajada de precios de la luz, la subida de tipos de interés y la “percepción” de que las ayudas no llegan, como dijo en septiembre la patronal sectorial UNEF, como consecuencia de la lentitud en su tramitación (en algunas comunidades se tarda más de un año en cobrarlas).
A ello se suman los retrasos en la legalización de las instalaciones, que la OCU achacaba este lunes a “trabas de las distribuidoras y de la propia Administración”. Hay incluso una investigación abierta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que afecta a Endesa. (+)
