Las recientes declaraciones de Elon Musk sobre el potencial solar de España han generado titulares, polémica y reacciones institucionales. Pero más allá de la exageración mediática, el debate de fondo es legítimo: ¿qué papel quiere jugar España en la transición energética europea? La respuesta no pasa por “llenar la España vaciada de placas solares”, sino por convertir nuestra ventaja natural en un proyecto estratégico de país, con planificación, valor añadido y beneficios claros para el territorio.
El liderazgo energético no se construye con macroproyectos desordenados ni con concentraciones territoriales que generen rechazo social. Se construye con planificación, integración ambiental, participación de las comunidades locales y una distribución equilibrada de las instalaciones. Un sistema más distribuido es también un sistema más resiliente, menos vulnerable y socialmente más aceptable. La transición energética solo será sostenible si también es territorialmente justa.
Pero el verdadero salto estratégico no está solo en producir más electricidad limpia. Está en usar esa energía como palanca para una nueva industrialización verde. Energía abundante, estable y competitiva es uno de los principales factores de localización industrial del siglo XXI. España puede aprovechar esta ventaja para atraer y desarrollar actividades de alto valor añadido: hidrógeno renovable, materiales industriales bajos en carbono, química sostenible, almacenamiento energético, electrónica de potencia y digitalización de redes.
En este enfoque, España no sería simplemente exportadora de electricidad, sino creadora de cadenas de valor completas. No se trata de ser “la batería de Europa”, sino uno de sus polos industriales verdes. Esa diferencia es clave: es la que separa un modelo extractivo de un modelo productivo.
El impacto sobre el empleo y el territorio puede ser igualmente transformador si se diseña bien. La transición energética puede generar empleo técnico estable, reforzar la Formación Profesional, atraer inversión a zonas hoy afectadas por la despoblación y crear nuevas oportunidades para jóvenes cualificados. Además, puede proporcionar ingresos adicionales a ayuntamientos y comunidades locales, mejorando servicios públicos y reforzando la cohesión territorial.
Para que este modelo funcione, la inversión en infraestructuras es imprescindible. Redes eléctricas más robustas, interconexiones europeas, sistemas de almacenamiento y digitalización avanzada son elementos tan importantes como los propios parques solares o eólicos. Estas infraestructuras no solo facilitan la exportación de energía, sino que aumentan la seguridad, la estabilidad y la competitividad del sistema eléctrico español.
Los beneficios económicos pueden ser estructurales. Un liderazgo energético bien diseñado permitiría reducir la factura energética nacional, mejorar la balanza comercial, atraer inversión industrial estratégica y generar ingresos públicos estables. La energía limpia dejaría de ser solo una política climática para convertirse en uno de los pilares del modelo productivo.
Sin embargo, nada de esto ocurre automáticamente. El éxito depende de decisiones políticas y de gobernanza. Es fundamental asegurar la participación pública en infraestructuras estratégicas, evitar la concentración excesiva de rentas, proteger el interés territorial y garantizar que los beneficios se repartan de forma equilibrada. La pregunta clave no es solo cuántos megavatios se instalan, sino quién controla el sistema y cómo se distribuye el valor generado.
España también debe situar este liderazgo dentro de una estrategia europea cooperativa. El objetivo no es sustituir unas dependencias por otras, sino contribuir a una Europa más resiliente, diversificada y segura desde el punto de vista energético. España puede aportar una ventaja competitiva clave, pero dentro de un modelo equilibrado que complemente a otros países y refuerce la autonomía estratégica del conjunto.
Las declaraciones de Musk han servido como catalizador del debate, pero no deben marcar la agenda. España no necesita soluciones maximalistas ni visiones externas simplificadas. Tiene capacidad técnica, institucional y empresarial para construir su propio modelo: uno que combine energía limpia, industria verde, empleo de calidad, cohesión territorial y liderazgo europeo.
La transición energética no es solo un cambio tecnológico. Es una oportunidad para redefinir el modelo productivo del país. Bien gestionada, puede convertirse en uno de los grandes proyectos nacionales del siglo XXI. No se trata de llenar el territorio de infraestructuras sin orden, sino de convertir nuestra ventaja natural en prosperidad, industria y futuro compartido.
