El nuevo plan del gobierno británico para impulsar la energía solar y la electrificación de los hogares marca un punto de inflexión en la política climática del país. Con una inversión pública de 15.000 millones de libras, el Reino Unido apuesta por una transformación rápida y masiva del parque residencial, combinando paneles solares, bombas de calor y baterías domésticas como paquete estándar.
El objetivo no es solo reducir emisiones, sino también atacar directamente la pobreza energética y el coste de las facturas. Para los hogares con menos recursos, el programa prevé instalaciones completas financiadas por el Estado, mientras que para el resto se ofrecen subvenciones elevadas y mecanismos de financiación favorables. La señal política es clara: el Estado asume que, sin una intervención fuerte, la transición energética doméstica no ocurrirá al ritmo necesario.
En España, en cambio, no existe un plan nacional equivalente con esa visibilidad ni esa escala. Las ayudas al autoconsumo solar y a la aerotermia dependen en gran medida de los fondos europeos y de la gestión de las comunidades autónomas. Esto genera un sistema fragmentado, con convocatorias irregulares, distintos niveles de ayuda según el territorio y una mayor incertidumbre para los ciudadanos.
Las subvenciones españolas suelen cubrir solo una parte del coste de las instalaciones, y en el caso de las bombas de calor son claramente inferiores a las británicas. Además, el acceso a las ayudas suele implicar trámites largos y retrasos en los pagos, lo que desincentiva a muchas familias, especialmente a aquellas con menos capacidad de adelantar el dinero.
España sí ha puesto más énfasis relativo en la rehabilitación energética, como el aislamiento de fachadas, cubiertas y ventanas. Desde el punto de vista técnico, esto tiene sentido, dado que una gran parte del parque de viviendas es antiguo y poco eficiente. Sin embargo, este enfoque, sin una apuesta igual de fuerte por la electrificación de la calefacción, puede ralentizar la reducción real de emisiones en el sector residencial.
En conjunto, la diferencia entre ambos países no es solo de diseño técnico, sino de ambición política. El Reino Unido ha optado por un programa centralizado, visible y generoso, que busca cambiar de forma rápida el comportamiento de millones de hogares. España, por su parte, avanza de forma más gradual, con instrumentos dispersos y menos atractivos para el ciudadano medio.
La consecuencia es que, mientras el Reino Unido intenta forzar una transición acelerada en los hogares, España corre el riesgo de quedarse en una transición parcial, más lenta y desigual, en la que la adopción de tecnologías limpias depende en exceso de la capacidad económica y la paciencia administrativa de cada familia.
