No hace falta recordar que la reciente pelea entre Argelia y su vecino Marruecos, a través del cual se enviaba buena parte del gas —ahora es por un gasoducto directo— disparó las alarmas en el Gobierno español ante el peligro que genera esa dependencia. Algo similar a lo que sucede con Rusia y la disputa a gran escala con la UE a partir de la invasión a Ucrania.
“Si la regulación del Gobierno está bien diseñada para bajar los precios a los consumidores, se apunta a desarrollar industria con energía barata y se facilita que las inversiones sean rentables, soy optimista, se puede aprovechar la oportunidad. Que España sea la Arabia Saudí de la UE puede ser real y factible y va a suceder si no nos equivocamos”, dice a El Salto el economista especializado en energía y profesor de la Universidad de Alcalá, José Carlos Díez.
El consenso político apunta a propiciar el camino que llevaría a España al 2030 a tener cerca del 90% de generación de energía renovable, con el impacto que eso conllevaría en la geopolítica y en las cuentas del Estado, ya que anualmente se gastan 30.000 millones de euros —dos puntos del PIB— en importar gas y petróleo que dejarían de enviarse al exterior y sería un capital disponible para cuestiones que mejoren la calidad de vida.
El momento histórico está servido: cambio del eje productivo hacia las renovables y una fortuna climática con respecto a los socios europeos. Los años por venir serán clave para ver si la élite política y económica española supo aprovechar la oportunidad o fue otra oportunidad perdida.
