19 ene 2025

Órdago de la nuclear: si no se rebajan los impuestos, se retirarán del mercado

España se encamina hacia el apagón de todas sus
centrales nucleares. Las grandes eléctricas pactaron en 2019 con el Gobierno y con Enresa, la empresa pública encargada de desmantelar las centrales y de gestionar los residuos radiactivos, un calendario de cierre progresivo de todos los reactores. El pacto con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP -las eléctricas propietarias de las plantas- establece una clausura escalonada de las plantas que arrancaría en 2027 (con Almaraz) y culminaría con el último el cierre en 2035 (con Trillo).

Las grandes eléctricas han abierto una batalla legal en el Tribunal Supremo para tumbar la subida de la denominado ‘tasa Enresa’, pero también se movilizan para para conseguir una reforma integral de la fiscalidad del sector con una rebaja masiva de los impuestos específicos que pagan, en torno a 950 millones al año (a razón de 18 euros por MWh producido). Entre tasas y tributos, la electricidad producida por las centrales nucleares pagan más de 28 euros por MWh. En total, más de 1.500 millones de euros cada año. “La fiscalidad es discriminatoria. Las nucleares pagamos mucho más que las demás energías”, se quejó Araluce.

Las nucleares reclaman al Gobierno un gran recorte de los impuestos específicos que gravan la actividad de sus reactores, e incluso piden directamente la eliminación de todos o de algunos de los tributos vigentes especiales para la producción con nucleares, tanto los estatales como los autonómicos. El sector ha venido pidiendo al Gobierno que la recaudación millonaria del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos no vaya a las arcas públicas generales, sino que se destinen a alimentar el fondo de Enresa para la gestión de los residuos nucleares (las centrales han pagado 3.100 millones de euros por este tributo tributo en algo más de una década y les quedarían por pagar otros 1.900 millones hasta el apagón nuclear).

Y las compañías también han reclamado que la propia Enresa deje de pagar un impuesto especial por sus almacenes nucleares, que luego acaba repercutiendo a las centrales (la sociedad pública ha abonado ya 148 millones y le quedaría por pagar según vaya aumentando el volumen de deshechos almacenados otros 1.277 millones más).